El proceso monitorio es el cauce de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 812 a 818 LEC) pensado para cobrar deudas de dinero documentadas sin pasar, de entrada, por un juicio completo. El juzgado requiere de pago al deudor y, si este no paga ni se opone en veinte días, el acreedor puede pedir directamente la ejecución. Por eso es una de las herramientas más utilizadas para reclamar impagados de empresas, profesionales y comunidades de propietarios.
Qué deudas se pueden reclamar por el proceso monitorio
Puede acudir al monitorio quien reclame a otro el pago de una «deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible» que esté documentada (art. 812.1 LEC). Es decir:
- Dineraria: se reclama una cantidad de dinero, no la entrega de una cosa ni la realización de un trabajo.
- Líquida y determinada: el importe está fijado o se obtiene con una simple operación aritmética.
- Vencida y exigible: ha llegado la fecha de pago y no depende de ninguna condición pendiente.
- De cualquier importe: la ley no fija un límite máximo.
Es competente, de forma exclusiva, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor, y no valen los pactos de sumisión a otros juzgados. En las deudas de comunidades de propietarios también puede elegirse el juzgado del lugar donde se encuentra la finca (art. 813 LEC).
Documentos que sirven para iniciar el monitorio
El artículo 812 LEC admite dos grandes tipos de documentos:
- Documentos firmados por el deudor o con su sello, impronta, marca o cualquier otra señal, física o electrónica: contratos, pedidos firmados, reconocimientos de deuda.
- Documentos creados por el propio acreedor que habitualmente documentan créditos en ese tipo de relación: facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas o telefax.
El mismo artículo permite también el monitorio cuando se aporta, junto con esos documentos, el que acredita una relación anterior duradera, y para las certificaciones de impago de cuotas de la comunidad de propietarios (art. 812.2 LEC).
¿Hace falta abogado y procurador?
Para presentar la petición inicial, no, cualquiera que sea la cuantía: «para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado» (art. 814.2 LEC; en el mismo sentido, arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC).
Las fases posteriores siguen las reglas generales. El escrito de oposición del deudor debe ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención sea necesaria por razón de la cuantía (art. 818.1 LEC), es decir, cuando supera los 2.000 euros (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC). Y la ejecución posterior de un monitorio de más de 2.000 euros también exige abogado y procurador (art. 539.1 LEC).
El proceso monitorio paso a paso
- 1. Petición inicial. Se identifica al deudor, los domicilios de ambas partes, el origen y la cuantía de la deuda, y se acompañan los documentos. Puede presentarse en impreso o formulario, también por la sede electrónica (art. 814.1 LEC).
- 2. Requerimiento de pago. Si la documentación es suficiente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague o se oponga alegando de forma fundada y motivada por qué no debe la cantidad, en todo o en parte (art. 815.1 LEC).
- 3. Respuesta del deudor. A partir de ahí caben tres escenarios: paga, no hace nada o se opone.
| Respuesta del deudor | Qué ocurre | Norma |
|---|---|---|
| Paga | En cuanto acredita el pago, se archivan las actuaciones. | Art. 817 LEC |
| No paga ni comparece | Decreto que pone fin al monitorio; el acreedor puede pedir la ejecución con una simple solicitud. | Art. 816 LEC |
| Se opone | El asunto se resuelve en el juicio que corresponda por la cuantía, con sentencia con fuerza de cosa juzgada. | Art. 818 LEC |
Si el deudor se opone
La oposición transforma el monitorio en un juicio declarativo (art. 818 LEC), y el cauce depende de la cuantía:
- Hasta 15.000 euros: el procedimiento continúa como juicio verbal. El acreedor recibe la oposición y puede impugnarla por escrito en diez días (art. 818.2 LEC).
- Más de 15.000 euros: el acreedor debe presentar demanda de juicio ordinario en el plazo de un mes desde que se le da traslado de la oposición. Si no lo hace, se sobreseen las actuaciones y se le condena en costas (art. 818.2 LEC).
- Rentas y cantidades debidas por el arrendatario de una finca urbana: si hay oposición, se tramita siempre como juicio verbal, sea cual sea la cuantía (art. 818.3 LEC).
El límite de 15.000 euros del juicio verbal (arts. 249.2 y 250.2 LEC) está vigente desde el 20 de marzo de 2024, tras el Real Decreto-ley 6/2023. La Ley Orgánica 1/2025 modificó después el artículo 818.2 LEC, pero no esa cuantía.
Si el deudor no responde: decreto y ejecución
Si el deudor no atiende el requerimiento ni comparece, el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto dando por terminado el monitorio y da traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, «bastando para ello con la mera solicitud», sin esperar el plazo de veinte días del artículo 548 LEC (art. 816.1 LEC).
La ejecución sigue los trámites de la ejecución de sentencias, y desde el auto que la despacha la deuda devenga el interés del artículo 576 LEC (art. 816.2 LEC).
Deudas con consumidores: control de cláusulas abusivas
Cuando la deuda se funda en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor, el letrado de la Administración de Justicia da cuenta al juez antes de requerir el pago. Si el juez considera que alguna cláusula que fundamenta la petición o que determina la cantidad reclamada puede ser abusiva, puede proponer mediante auto que el requerimiento se haga por el importe que resulte de excluirla (art. 815.3 LEC).
El acreedor dispone de diez días para aceptar o rechazar la propuesta; si no dice nada, se entiende aceptada, y si la rechaza, se le tiene por desistido. Si el juez no aprecia motivo para reducir la cantidad, se requiere al deudor por el importe pedido (art. 815.3 y 4 LEC). En la práctica, conviene acompañar el contrato y el detalle del cálculo de intereses y comisiones.
Antes del monitorio: requerimiento previo, burofax y negociación
Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige, como regla, haber intentado una actividad negociadora antes de demandar en los procesos declarativos y en los procesos especiales del libro IV de la LEC (art. 5.2 LO 1/2025), donde se regula el monitorio. La ley solo excluye expresamente el requerimiento europeo de pago (art. 5.3 LO 1/2025), y el criterio mayoritario de los tribunales es exigir ese intento previo también para la petición inicial del monitorio.
El intento se acredita con cualquier documento que pruebe que la otra parte recibió la solicitud o la propuesta, en qué fecha y que pudo acceder a su contenido íntegro (art. 10.2 LO 1/2025). Si pasan treinta días naturales desde la recepción sin respuesta por escrito, la negociación se entiende terminada sin acuerdo (art. 10.4 LO 1/2025), y hay un año para presentar la reclamación judicial (art. 7.3 LO 1/2025).
Si tiene facturas o cuotas impagadas, podemos revisar la documentación y decidir con usted el cauce más adecuado. Más información sobre la reclamación judicial de deudas o, si lo prefiere, contacte con nosotros.